El Consejo de Ministros aprobó el martes el bono joven de alquiler, una ayuda de 250 euros mensuales dirigida a personas de entre 18 y 35 años que cobren menos de 24.318 euros brutos al año (tres veces el IPREM) y cuyo alquiler no supere los 600 euros (ampliable por las comunidades autónomas hasta 900).
El límite al precio del alquiler podría dificultar el acceso a los jóvenes de las grandes ciudades como Barcelona a este bono, ya que, según datos de Fotocasa, en la capital catalana la oferta de viviendas por debajo de los 600 euros es tan solo del 0,8%. En el caso de que la limitación se amplíe hasta los 900 euros, sólo el 18% de las viviendas de alquiler de Barcelona cumpliría con este requisito, según el portal inmobiliario.
Por otra parte, sobre la posibilidad de que esta ayuda acabe comportando un aumento de precios, el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas) de Cataluña cree que una medida con únicamente entre 60.000 y 70.000 potenciales beneficiarios "no creemos que tenga impacto en este sentido" al ser una cantidad "tan irrisoria".
Desde el sindicato denuncian que el principal problema de este bono es que, "más allá de los criterios que pueden parecer arbitrarios, creemos que se trata de una medida oportunista anunciada a bombo y platillo mientras se retrasa una vez más la Ley de Vivienda, esta vez por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", critica Enric Aragonès, portavoz de la entidad.
Regulación de precios y vivienda pública
Aragonès considera que el bono a los inquilinos "no es la solución", sino que "la mejor medida para promover la emancipación de los jóvenes a través del alquiler es que éstos bajen. Para ello, es necesario regularlos y hacer crecer el parque de vivienda pública de alquiler, y que éste se quede en manos públicas, no que acabe en el mercado en unos años".
En Cataluña, los precios del alquiler ya están regulados, pero para Miguel Morilla, secretario de emancipación del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), "esta congelación ya nos parece que se queda corta, y una ayuda de este tipo consolida este modelo de mercado, cuando lo que queremos es que los precios bajen". Para él, la solución también está en "una regulación de los precios a la baja, no sólo una congelación, y la creación de más parque público de vivienda".
Sobre la regulación de los precios, Aragonès señala que la Ley de Vivienda es menos ambiciosa que la catalana, pero que "teníamos ganas de que este proyecto de ley llegase al Congreso para que todos los grupos pudieran discutirlo y se viera que es insuficiente". Y es que, tras el apoyo inicial de algunos grupos a la iniciativa presentada por diferentes entidades de vivienda, "confiamos en su trabajo parlamentario para que el texto se parezca lo máximo posible a la propuesta que presentaron estas entidades".
Por otra parte, en cuanto a los límites del propio bono, Morilla apunta que desde el CJB "somos críticos con la idea de subvencionar los contratos de alquiler porque no va a la raíz del problema, que se encuentra en los elevados precios del mercado, así que esta medida es un parche, pero como parche también es bastante limitado, especialmente para los jóvenes de Barcelona y para algunas ciudades del área metropolitana".
Y es que el precio medio del alquiler en la capital catalana es de 932 euros, "un precio que pagamos porque es el que hay, no porque vivamos entre lujos", apunta Morilla. Además, Aragonès cree que las medidas en relación a la vivienda que tienen estos límites según el precio "no tienen sentido porque hay muchas situaciones que no se ven recogidas".
En definitiva, el portavoz del sindicato señala que "las principales políticas que facilitan la emancipación son las mismas que garantizan el derecho a la vivienda". Así, señala que, pese a que "puede haber políticas específicas para los jóvenes porque tiene unas características determinadas, igual que otros colectivos, éstas no dejan de ser pedazos si no hacemos cambios estructurales en el sistema de garantía del derecho a la vivienda".
El Ayuntamiento de Barcelona pide crear más vivienda asequible
Por otra parte, desde la perspectiva de la administración local, el Ayuntamiento de Barcelona también reclama la aprobación "con urgencia" de la Ley de Vivienda para acompañar el bono de una regulación de precios "y blindar la ley catalana". Además, subraya la necesidad de "potenciar la promoción pública de vivienda de alquiler asequible, con promociones específicas para jóvenes y reservas específicas en todas".
En este sentido, señalan que el consistorio tiene más de 2.000 viviendas en obras y que ha comprado más de 1.000 en los últimos años. De hecho, este miércoles, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, criticó en una rueda de prensa que el Ayuntamiento, "con menos recursos y menos competencias, está haciendo más vivienda de alquiler social que la Generalitat y que el Estado".
Así, el consistorio pide a estas dos administraciones que destinen más partidas presupuestarias a vivienda pública, y también que "impulsen cambios normativos necesarios para evitar la especulación inmobiliaria y establezca obligaciones a los grandes tenedores para evitar que expulsen y desahucien a familias en situación de vulnerabilidad".
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